Quiero que cada hombre y cada mujer que me
escucha, comprenda la importancia del acto en el cual vamos a firmar el
proyecto destinado a modificar la Constitución Política, para que Chile pueda
ser dueño de su riqueza fundamental, para que podamos nacionalizar sin
apellidos, definitivamente, el cobre; para que el cobre sea para los chilenos.
Deseo entregar algunas cifras, porque sólo
concientizando al pueblo, éste tendrá el sentido superior de su propia responsabilidad.
Nacionalizar el cobre ahora, el hierro, el
salitre y la riqueza que, indiscutiblemente, obligará a una gran unidad de los
que defienden a Chile y sus fronteras económicas. Yo reclamo que estén junto a
nosotros aquellos que no tienen nuestro mismo domicilio político ni nuestras
mismas ideas, pero que piensan en Chile y en su destino. El paso que vamos a
dar, absolutamente dentro de los cauces legales, seguramente será distorsionado
a escala internacional y también, resistido por un grupo pequeño de malos
chilenos. Pero el pueblo de Chile y el Gobierno Popular que presido, han medido
claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para
fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para
completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política,
para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de
nuestra patria.
Vean ustedes algunos antecedentes: valor
no retornado, es decir, que no volvió a Chile en la gran minería del cobre.
Antes de 1930 no hay control. No existía la posibilidad de una estadística
veraz. Entre 1930 y 1969 han salido de las fronteras de la patria 3700 millones
de dólares, que han ido a engrosar la gran fortaleza de las empresas que, en
escala internacional, controlan los yacimientos cupríferos en los cinco
continentes. En 1969 no retornaron 166 millones de dólares. Quiero destacar
que 3.700 millones de dólares es el 40% de la riqueza total de Chile, del
esfuerzo acumulado durante 400 años por todos los chilenos. El 40% de esa
riqueza ha salido del año 30 al 69 y este hecho no lo podemos olvidar. Chile
sabe también que en total, más o menos en esos mismos años, además de por el
cobre, por el hierro, el salitre, la electricidad y los teléfonos, han salido
de Chile algo así como 9.600 millones de dólares, lo que representa el valor
total de la riqueza de Chile. Otro Chile ha salido, por irresponsabilidad o
complicidad de las castas gobernantes, por sobre las fronteras de la patria,
mientras el hombre del pueblo se debatía entre el hambre, la incultura y la
ignorancia. Por eso haremos que el cobre sea chileno, como etapa inicial de
nuestras riquezas.
Quiero que el pueblo sepa que las
utilidades netas en Chuquicamata, Salvador y El Teniente, entre 1965 y 1970,
alcanzaron a 650 millones de dólares, es decir, un promedio de 110 millones por
año. Ciento diez millones de dólares bastan, por ejemplo, para construir tres
fundiciones y tres refinerías electrolíticas con capacidad de 100 mil toneladas
cada una. Por ejemplo, esos 110 millones de dólares bastarían para alimentar a
250 mil familias durante cerca de 15 meses; entregar un par de zapatos por año
a 2 millones y medio de chilenos.
Quiero que sepa el pueblo, que las
inversiones en la Gran Minería y en la Andina después de 1965, según el plan de
expansión, significó la inversión o significarían la inversión de 690 millones
de dólares, para incrementar la producción en 412 mil toneladas al año. De
éstos ya se han invertido 140 millones, pero Chile debe 530, es decir, la
expansión de las explotaciones mineras se ha hecho endeudando al país.
Quiero que el pueblo sepa que El Teniente,
vale decir la Kennecott antes de los pactos, era propietaria del 100 por ciento
de las acciones del mineral llamado El Teniente y las utilidades retiradas
representaban un 17.4%, las utilidades, repito. Después del pacto, habiendo
entregado el 51% de las acciones, siendo propietaria del 49% y habiendo
recibido una apreciable suma de millones de dólares, la Kennecott ha recibido
el 56% de las
utilidades que corresponden a la explotación, o sea, la Kennecott, ahora con
el 49% ha tenido tres veces más utilidades que cuando controlaba el 100 por
ciento de El Teniente.
Quiero que sepan lo ocurrido en escala
mundial con la Anaconda. Utilidades netas consolidadas por esta empresa: en
1969, la Anaconda obtuvo utilidades en escala mundial por 99 millones de
dólares. De esas utilidades, 79 millones, vale decir, el 80%, las obtuvo en
Chile. Sin embargo, en Chile sólo tiene invertido un 16% de las inversiones que
tiene a escala mundial. El 16% de sus inversiones le da el 80% de las utilidades.
¡Caramba que es buen negocio para la Anaconda invertir su plata en Chile!
Quiero que Chile no ignore que no controla
ni la explotación, ni las ventas, ni el manejo financiero del cobre, que
alcanzó a mil millones de dólares en 1969. En años anteriores esto ha
significado una verdadera sangría para el país. Se imponía, por ejemplo, un
precio de venta inferior al internacional. Para no citar más que tres-años, el
déficit en el valor de las ventas por menor precio que se nos pagó por un
precio inferior al precio internacional, entre 1964 y 1966, fue de 668 millones
de dólares, que fueron utilidades exclusivas para las empresas. Quiero
destacar que sobre la base de la nacionalización, según las estimaciones de los
técnicos y de acuerdo con los antecedentes disponibles, se calcula que a 45
centavos la libra y al nivel de producción actual, la nacionalización reportará
para Chile 70 millones de dólares anuales suplementarios, más que los ingresos
que hoy tenemos, es decir, 70 millones más que por el solo concepto de
utilidades.
Quiero, por último, decirles a ustedes que
según antecedentes técnicos, las reservas mundiales de cobre alcanzan a 275
millones de toneladas métricas y que Chile tiene reservas que representan un 30
por ciento del total, o sea, más de 80 millones de toneladas. Quiero que sepan
que la ley promedio en escala mundial es de una riqueza de 1.5 y la ley
promedio de Chile es de 1.7 a 1.8, es decir, somos un país que tiene ilimitadas
reservas y una gran riqueza. Por eso es que en este instante, nosotros al dar
este paso estamos encarando una gran posibilidad para el pueblo y para la
patria y lo vamos a hacer dentro de los cauces legales, lo vamos a hacer como
un derecho del pueblo de Chile, como una obligación del Gobierno Popular que
ustedes pusieron. Lo vamos a hacer posible para el progreso material de
nuestra patria, para asegurar nuestra soberanía y para demostrar que la
dignidad de Chile y su independencia no tiene precio, ni está sometida a
ninguna presión ni a ninguna amenaza.
Por lo demás, quiero que se entienda
perfectamente bien, esto no es una agresión al pueblo norteamericano ni al
Gobierno norteamericano. Ni tampoco es una agresión porque vamos a utilizar la
ley y a indemnizar según sea lo justo, y a través de los organismos regulares
del Estado chileno y de las propias empresas. Quiero decir públicamente, para
terminar con infundios, o para impedir que la conjura internacional se desate
en contra nuestra, que estamos llanos, y así ya se ha resuelto, a utilizar los
mismos usuarios que han comprado nuestro cobre en Estados Unidos o en Europa,
que no nos negamos a negociar con ellos como a negociar cobre con cualquier
país del mundo. El que nos pague más y mejor y el que nos compre semielaborado,
se llevará gran parte de la producción chilena.
Quiero señalar que no queremos quitar
cobre a nadie que nos haya comprado y lo necesite. Lo que quiero decir es que
sí vamos a ser dueños de la riqueza esencial de Chile; vamos a controlar su
producción, vamos a fijar los niveles de producción; vamos a intervenir
directamente los mercados y saber defender el interés de Chile por sobre todas
las cosas, siendo nosotros dueños de nuestro destino económico.
Deseo, en forma muy breve, hacer una
síntesis del proyecto que entregaremos mañana al Congreso. En ese proyecto se
deja establecido, definitivamente, el dominio absoluto del Estado sobre los
yacimientos y minas, de modo que los particulares tendrán sobre ellos sólo el
derecho de concesionarios. Se establecen las reglas para fijar los montos y
formas de pago de las indemnizaciones en caso de expropiación, para ello se
debe dictar una ley que determine lo que es Gran Minería, y que puede referirse
igualmente al cobre, al hierro, al salitre o a otro mineral cualquiera. Con
este proyecto se da término definitivamente a toda posibilidad de existencia de
contratos- leyes.
El Estado queda en libertad para modificar
lo que haya pactado con particulares, si así lo requiere el interés nacional,
sin otra obligación que la de indemnizar al afectado.
El Estado queda facultado para tomar
posesión material de los bienes en el momento mismo en que se dicte la orden de
expropiación; esto en cuanto a las normas generales. En lo que se refiere al
caso concreto de la nacionalización de las actuales minas de cobre de la Gran
Minería, y de la Compañía Andina, incluida entre éstas, se aplican las normas
generales antes indicadas. De modo que no se necesita de una nueva ley. Los
minerales y las instalaciones quedarán en poder del Estado por el ministerio de
la Reforma Constitucional, que deja sin efecto la compra de las empresas que se
habían hecho en virtud de los Convenios de Cobre y se declaran disueltas las
actuales empresas mixtas. Lo que se haya pagado por concepto de compra de
acciones se abona a la indemnización que debe pagarse.
No se paga indemnización alguna por los
yacimientos: el pago por los bienes expropiados es en dinero, a 30 años de
plazo, con cuotas anuales con el interés del 3 por ciento sin reajuste. El pago
puede suspenderse si los expropiados entorpecen la marcha de los minerales y
se reducirá en la cantidad que hubiesen recibido las compañías por utilidades
superiores al promedio anual. Este proyecto está dentro de nuestro derecho. Va
al Congreso, donde será discutido y se oirán las corrientes de opinión pública
en él representadas.
Estamos actuando dentro de los cauces
jurídicos y legales. Y además, puedo recordar que las Naciones Unidas han reconocido
el derecho de los pueblos a nacionalizar las riquezas fundamentales que están
en manos del capital foráneo. Chile no renunciará a este derecho, porque ello
implica romper nuestra dependencia económica, lo que significa también plena
soberanía e independencia cultural. Por ello, esta tarde, al firmar ante
ustedes el decreto que crea el Consejo Nacional Campesino y el proyecto que
implica la modificación de la Constitución, creo que el pueblo entiende que
estamos dando un paso decisivo en la vida histórica de la Patria.
Y si la juventud se va a movilizar y el
campesino va a entregar su energía creadora y su capacidad, al igual que la
energía creadora y la capacidad de la juventud, serán los mineros, los
trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos y los profesionales
chilenos los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de
todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la Patria
flameará izada en el mástil del esfuerzo de los trabajadores chilenos, para
entregar su capacidad productora al progreso de Chile y al pueblo nuestro.
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